Archivos Mensuales: octubre 2014

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11O Red Ciudadana Europea contra el TTIP

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A traves de la Red Ciudadana X, de nuestros compas attacantes y de Ecologistas en Accion en colaboracion con AACCS+, hemos venido siguiendo con preocupación y aumentando nuestra formacion e informacion a este respecto, asi como proliferan los procesos de negociación de los diferentes tratados  comerciales (TTIP, CETA, TISA o EPA ) que la Comisión Europea está llevando adelante de manera secreta y de espaldas a la sociedad. 

Hoy hace una semana que se celebró la séptima ronda de negociaciones del TTIP.  Hemos sabido en esta ronda que los servicios públicos  como la sanidad y  la educación se retirarán del TTIP (Tratado de Libre Comercio e  Inversiones entre EEUU y la UE). Sin duda ha sido la presión y la  denuncia por parte de la ciudadanía vigilante lo que ha forzado su  exclusión del tratado.

Sin  embargo y lamentablemente, no podemos  confiarnos tras esta victoria ya que estos y otros asuntos espinosos  podrian pasar al aún más secreto  acuerdo TISA, de manera que su jugada  es simplemente migrar estos asuntos a otro tratado. 

Seguimos vigilantes. Apoyamos y animamos a participar y seguir de cerca la convocatoria del sábado 11 de Octubre: “¡Día Europeo de acciones para parar los acuerdos TTIP, CETA y TiSA!”

Bajo las siglas TTIP, CETA, TISA o EPA se esconde el tercer  acto de un programa diseñado por el poder financiero y las corporaciones  transnacionales que, primero, socavaron los logros sociales,  tan costosamente alcanzados después de la segunda guerra mundial con el  pacto social; después, en la década de 1970, sentaron las bases de la  paulatina desregulación financiera, origen de la estafa que provocó la  crisis en 2007; y ahora, tras reiterados fracasos parciales por alcanzar la desregulación comercial para determinados sectores (ACTA  ha sido el último), pretenden con estos tratados lanzar una ofensiva  global para lograr la desregulación completa del comercio de bienes y  servicios, incluidos los servicios públicos y los servicios financieros.

Desde el inicio de las negociaciones en 2011 estos procesos se han caracterizado por una total falta de transparencia.  Así lo han venido denunciado diferentes organizaciones y plataformas de  lucha ciudadana de las que puede obtenerse información precisa; pero también y más recientemente, se han ido sumado los posicionamientos del Tribunal de Justicia] y la Ombudsman  de la Unión Europea y toda una avalancha de posiciones críticas tanto  en la Comisión de Comercio Internacional (INTA) como en el último pleno  del Parlamento Europeo. A esta falta de transparencia se le suma un serio agravante que confirma el carácter  absolutamente antidemocrático del proceso de negociación: la Comisión  Europea elude cualquier mecanismo de participación en la toma  de acuerdos.

Prueba de esto ha sido el reciente rechazo de la Comisión a  la tramitación de una Iniciativa Ciudadana Europea (ICE), único  mecanismo previsto en el Tratado de Lisboa (2007) para la participación  directa de la ciudadanía, presentado por más de 230 organizaciones de 21  Estados miembros de UE.

¿Qué se esconde detrás de estos tratados?

Para entender por qué es fundamental que la sociedad civil ponga el  ojo sobre estos tratados (más allá del secretismo en las negociaciones y  el carácter antidemocrático de los procesos) basta con leer entre  líneas esta frase de Karel de Gucht, saliente comisario de Comercio de  la UE, quien, al explicar los objetivos del TTIP, decía:

“Las barreras regulatorias son más  complicadas de eliminar que las barreras comerciales tradicionales… No  será fácil pero valdrá la pena.”

Así, no hay que pensar en estos tratados como si fueran simples  acuerdos entre dos o más partes (por ejemplo la U.E. y los EE.UU. en el  caso del TTIP) que querrían reducir aranceles para favorecer el comercio  entre ellas; antes bien, como ya decíamos al principio, hay que verlos como un claro intento por parte de los lobbies corporativos para abrir y desregular mercados.  Esto implica, entre otros posibles, los siguientes efectos:

La creación de nuevas estructuras antidemocráticas de procedimiento y de gestión, como el “Consejo de Cooperación Regulatoria”,  que funcionaría al margen y por encima de los Estados, de sus  legislaciones e incluso de las de los organismos internacionales.

En  efecto, bajo el dulce título de “Cooperación Regulatoria”  y la creación del mencionado Consejo, se esconde un procedimiento  diseñado para dar a los grupos de poder económico el derecho a  participar, desde las etapas más tempranas, en todo proceso de redacción  de nuevas normativas, pudiendo bloquear cualquier nueva propuesta que  consideren “un obstáculo al comercio”. Esto es especialmente preocupante  a nivel de la U.E., donde la Comisión es el único órgano que puede  presentar propuestas de nueva regulación, pues bastaría la más mínima  señal de descontento por parte las compañías estadounidenses para que  cualquier proyecto de nueva legislación deba ser descartado,  convirtiéndose el Consejo de Cooperación Regulatoria y las llamadas  “mesas de diálogo sectoriales” (entre grupos de presión corporativos a  ambos lados del océano) en la vía principal para proponer nuevas  regulaciones, pasando a un segundo plano los representares electos por  la ciudadanía.

La incorporación en los tratados del mecanismo de Resolución de Controversias entre Inversores y Estados (ISDS  por sus siglas en inglés), mecanismo que, de incluirse, concedería a  los inversores extranjeros el derecho de saltar por encima de los  Tribunales de Justicia nacionales e internacionales para demandar a los  gobiernos en tribunales de arbitraje creados ad hoc, (sin la  intervención de un juez) para reclamar pérdidas de beneficios  resultantes de decisiones sobre la política pública, elevando así al  capital transnacional a un estatus equiparable al del Estado nación y  echando por tierra los principios más básicos de la democracia tanto en  la U.E. como en los EE.UU . 
Además la ofensiva se lleva a varias bandas, como una parte mas de la  estrategia de cubrir objetivos con planteamientos aparentemente  diversos. Primero está el CETA, con las negociaciones concluidas el   1/08/2014 y que puede servir de antesala o “prueba piloto” del TTIP.

Al  haber concluido las negociaciones el texto no puede modificarse y la  discusión en el Parlamento se reducirá a aceptar el 100% del tratado o  rechazarlo completamente. De aprobarse CETA, que incluye en el texto el  mecanismo del ISDS, poco importará que el TTIP lo excluya: los  inversores de EE.UU. demandarán a los Estados europeos a través de sus  filiales o agencias canadienses y viceversa.

Es sólo un ejemplo de la  interconexión entre los tratados. 
La potencial multiplicación de  amenazas a la calidad de vida en general al suponer, como se prevé, una  puerta abierta para una rebaja generalizada de normas, reglamentos y  estándares sobre la seguridad de los productos alimentarios y de  consumo, los productos asociados a la biotecnología (GMOs), la  protección del medio ambiente y la gestión de productos químicos  tóxicos.

El centro de la cuestión gira en torno al conocido como “principio de prudencia”  en el que se basan los estándares europeos sobre seguridad alimentaria,  sanitaria o medioambiental. Según este principio, se puede retirar un  producto del mercado si existe riesgo de que pueda suponer un peligro  para la salud de las personas o el medioambiente, aunque no haya pruebas  científicas suficientes en las que basar una evaluación completa de  dicho riesgo. Este principio hace que sean las compañías interesadas en  comercializar un producto las que tengan que responsabilizarse de los  gastos y pruebas necesarios para demostrar que el producto es inocuo. En  cambio, en los EE.UU. esto no ocurre. Allí es la comunidad, a través de  las asociaciones de consumidores o el ministerio público, la que debe  probar que una determinada sustancia es nociva para que su uso pueda  restringirse, debiendo a veces librar arduas batallas legales contra los  abogados defensores de los intereses de las corporaciones que retardan  indefinidamente la entrada en vigor de medidas preventivas. 

Además, hay que considerar que la mayor parte de las preocupaciones surge del análisis de documentos filtrados pues, como ya se ha dicho, el proceso es absolutamente opaco,  al punto que el acceso a la documentación clave (como, por ejemplo, la  que recoge las exigencias de desregulación que los negociadores  estadounidenses plantean a los estados miembros de la UE)  está  restringido incluso a los miembros electos del Parlamento Europeo.   Y como si todo esto fuera poco, hay que sumar que los textos, cuando  son finalmente revelados por voluntad o filtración, suponen un  importante desafío adicional de desenmascaramiento, al estar plagados de  un léxico neutro o muy ténico/jurídico que esconde, una vez más, los  verdaderos objetivos.  

Potenciales efectos negativos de estos tratados:

Como puede apreciarse, las razones por las cuales la ciudadanía debe  oponerse a todo avance en las negociaciones de estos tratados no acaban  aquí y podrían llenarse varias páginas al respecto. De momento, vamos a  insistir en destacar los potenciales efectos negativos que este tipo de  tratados podrían tener en tres cuestiones en las que tanto el Partido X como otras plataformas y agrupaciones ciudadanas están  trabajando activamente:

– La calidad de la democracia a nivel de la Administración Local:  las amenazas de demandas por parte de compañías extranjeras deseosas de  sacar tajadas en áreas como los servicios públicos o las compras del  Estado, echarían por tierra el esfuerzo ciudadano que busca organizar  esos servicios de una manera sostenible desde el punto de vista social,  medioambiental y financiero; por ejemplo, volviendo imposible cualquier  tipo de política de promoción del “comercio de proximidad” e incluso  limitando seriamente las posibilidades de una gestión participativa de  los presupuestos orientada al bien los ciudadanos.

– El control de los flujos financieros:
Aquí es la Comisión Europea, siguiendo la agenda marcada por los  poderosos grupos de presión de las bancas alemana e inglesa, la que  trata de usar el TTIP para debilitar regulaciones importantes en materia  de finanzas, como la Ley Dodd-Frank, que se introdujeron en EE.UU. a  raíz de la crisis de 2008. Así, la Comisión presiona para avanzar en la  agenda de desregulación financiera, exigiendo que dicho capítulo se  incluya dentro de las conversaciones sobre “Cooperación Regulatoria” del  TTIP, cuestión a la que parece reticente la Administración Obama, pues  supondría una vuelta a la situación que desencadenó la crisis.

– Los derechos de los ciudadanos en Internet:
Lo peor del tratado ACTA podría reaparecer de nuevo en los contenidos de CETA y TTIP, suponiendo  un ataque a derechos fundamentales como son la libertad de expresión,  la privacidad y el libre acceso a la información y el conocimiento entre  otros. Informaciones recientes indican que EE.UU. solicita incluir en  el TTIP parte de su Ley de Decencia en las Comunicaciones (CDA). Bajo la  cláusula del “buen samaritano”, esta ley otorga a los proveedeores de  servicios e intermediarios de internet el derecho de actuar, siempre que  sea de “buena fe”, como policías de la red, monitorizando e incluso  sancionando preventivamente actos que puedan suponer una posible  infracción.

Bajo palabras como “decencia”, “buen samaritano” y “buena  fe” se quiere imponer una legislación que otorga poderes a las  corporaciones por encima de la justicia y el estado y abre las puertas a  la censura, poniendo en riesgo, no solo la neutralidad de la red, sino  también los derechos fundamentales de los usuarios. 

Apoyo activo a la lucha contra estos tratados:

Por todo ello, Asambleas Ciudadanas Somos Mas, attac,ecologistas, el partido x y otras agrupaciones sociopoliticas suscriben y se suman a las acciones  emprendidas en el marco de la campaña a nivel Estatal (“NoalTTIP”) y  Europeo (Stop-TTIP & Stop-TTIP-CETA-TISA), como son:

La participación en las acciones  convocadas dentro del Day of Action 11/10 a nivel europeo, en concreto  en las jornadas convocadas en Barcelona y Madrid el 11 de octubre. 

El inicio de acciones legales, denunciando a la Comisión ante el Tribunal de Justicia de la U.E

La presentación de una nueva y genuina ICE, esta vez también dirigida al Consejo y al Parlamento. 

La presentación de una declaración en  la Cumbre Unión Europea-Canadá que tuvo lugar en Ottawa en oposición a  la conclusión de las negociaciones del CETA. 

La presentación de una  Declaración de la Sociedad Civil Europea en relación al apartado de  “Cooperación regulatoria”, exigiendo a los negociadores que hagan  públicos todos los documentos y que retiren de la mesa las propuestas  sobre el “Cooperación regulatoria”. 

La intensificación de la campaña de  difusión y de presión hacia las instituciones europeas para que se  paralicen las negociaciones.

Participa en la campaña europea contra este tipo de tratados el día 11 de octubre, está en juego el devenir de nuestra generación y de las futuras venideras. Nos afecta a todas. Que no te lo cuenten.

Info extraída de la AgendaX de la Red Ciudadana.

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